Un equipo fiscal especial investigará responsabilidades de magistrados tras las declaraciones de Capitanich
La Procuración General conformó un equipo fiscal especial a los fines de la investigación penal preparatoria, en el marco del procedimiento de investigación jurisdiccional (capítulo V del Código Procesal Penal) para determinar las eventuales responsabilidades de los magistrados involucrados por el gobernador, Jorge Capitanich, en sus declaraciones del 18 de diciembre.
Cabe recordar que en el marco de una conferencia de prensa donde explicó el proyecto de emergencia que envió a la Cámara de Diputados, Capitanich se refirió a la justicia y expresó que “hay 23.000 juicios en contra del Estado Provincial en el ámbito de la Fiscalía de Estado” y aseguró que “la ingenuidad tiene un límite, el límite de la connivencia de los fallos judiciales con estudios de abogados que a su vez obtienen honorarios jugosos en contra y en detrimento del Estado”.
Ante la acusación del gobernador, que cosecharon diversas críticas y repudios del sector judicial y de abogados, desde la prensa del Poder Judicial anunciaron la conformación del equipo especial a través de la resolución 222/19 de la Procuración General, con fecha 19 de diciembre de 2019, que estará a cargo de los fiscales Graciela Griffith Barreto, María Nélida Villalba y Lucio Gonzalo Otero.
Cabe recordar que el gobernador había expresado que en juicio contra el estado “hay connivencia de fallos judiciales con estudios de abogados”, lo que generó fuertes críticas de la entidad que nuclea a magistrados y funcionarios judiciales.
Lo hizo en el marco de una conferencia de prensa donde explicó el proyecto de emergencia que envió a la Cámara de Diputados. Capitanich se refirió a la justicia y expresó que “hay 23.000 juicios en contra del Estado Provincial en el ámbito de la Fiscalía de Estado” por lo que aseguró que “la ingenuidad tiene un límite, el límite de la connivencia de los fallos judiciales con estudios de abogados que a su vez obtienen honorarios jugosos en contra y en detrimento del Estado”.
Ante tal afirmación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales salió al cruce y, a través de un comunicado de su presidente Diego Derewicki, expresó su “preocupación por las declaraciones públicas efectuadas por el Sr. Gobernador de la Provincia del Chaco”.
“Hechos de esta naturaleza revisten una gravedad institucional, que de ninguna manera pueden aceptarse según estándares de conducta jurídicos y éticos que esta entidad defiende y promueve”, señalaron.
En ese sentido, consideran desde la institución que “en razón de la misma gravedad e importancia que entraña el hecho denunciado, debe ser tratado con la formalidad que merece, debiendo efectuarse la denuncia penal correspondiente por los medios idóneos, evitando generalización e indeterminaciones que van en desmedro de magistrados y funcionarios honestos e íntegros que ejercen la actividad jurisdiccional con seriedad y dedicación”.
“Asimismo, instamos a dialogar y trabajar para construir y fortalecer las instituciones del Estado en el marco de la democracia y respetando la división de poderes”, concluyó el comunicado.
